Cada 20 de noviembre, se celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia en memoria del día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989. Este acuerdo internacional enuncia en sus 54 artículos derechos civiles, sociales, culturales y políticos específicos de los niños y niñas, reconociendo la responsabilidad compartida de la sociedad y los gobiernos de proteger y fomentar su bienestar en todo el mundo. Asimismo, junto al tratado, se adoptaron tres protocolos adicionales que tienen por objeto protegerlos de situaciones muy específicas, rehusando su participación en conflictos armados, otorgando la posibilidad de que puedan presentar quejas ante el Comité de los Derechos del Niño y, aumentando las sanciones a la explotación y abuso sexual de menores. La especial atención a este último aspecto no es en absoluto una cuestión banal, puesto que, a pesar de los compromisos asumidos y los avances logrados, el abuso y la explotación infantil es una atrocidad enquistada en las sociedades de ambos hemisferios. 

Los datos son demoledores. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, anualmente más de 1 millón de niños son víctimas de la trata infantil. Estas cifras son sólo una muestra parcial, ya que la naturaleza clandestina del tráfico impide obtener cifras exactas. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos reportó en 2022 que el 27% de los casos de trata infantil en Norteamérica están directamente relacionados con la explotación sexual. Esta depravada práctica genera 99 mil millones de dólares al año, convirtiéndose, junto con el tráfico de armas y de drogas, en una de las actividades delictivas más lucrativas. En América Latina, África y Asia, esta situación es especialmente preocupante. El secuestro de niños incrementa sustancialmente en áreas con escasez de recursos, regiones en permanente conflicto o Estados cuya corrupción de las instituciones dejan a miles de niños a merced de mafias y tratantes de personas. Son pues, miles, los niños y niñas que son heridos cada año en lo más profundo de su ser. El perjuicio ocasionado a las víctimas de trata infantil es irreparable. La repercusión en su cuerpo, psique y espíritu es devastadora. Sometidos a continuos abusos físicos y psicológicos, se enfrentan a profundos traumas, en tantas ocasiones, incapacitantes.

Por ello, este 20 de noviembre de 2024, resulta ineludible hacer referencia a la que ha sido una de las producciones cinematográficas del año más relevante y, al mismo tiempo, más polémica, Sounds of Freedom. Basada en hechos reales, esta película relata los esfuerzos de Tim Ballard, exagente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. por rescatar a menores víctimas del tráfico infantil. La película, producida por Eduardo Verástegui, refleja la vulnerabilidad de los niños y niñas de zonas marginales frente a las distintas redes de tráfico infantil que, asombrosamente, operan con total impunidad. El relato ha impactado profundamente en la psique social, logrando recaudar 210 millones de dólares en taquilla, pese a haber recurrido a inversores privados y campañas de recaudación para su producción y superar las innumerables trabas impuestas por distribuidoras; entre las que se encuentra Disney. Sí, Disney. Desde el principio y hasta el final, la película ocasionó una sospechosa incomodidad entre los grandes estudios de Hollywood, quienes en todo momento rehusaron implicarse en su producción y mucho menos encargarse de su distribución. Se trata de una posición cuanto menos alarmante si consideramos que poco o nada puede justificar la falta de colaboración a la hora de denunciar una de las violaciones de los derechos humanos más escabrosas y abyectas de nuestro tiempo. 

La corrupción de la infancia es una atroz perversión que cercena toda posibilidad de prosperidad futura, de modo que es perentoria su persecución y condena por todos los miembros que componen el cuerpo social, siendo la protección de la infancia una responsabilidad compartida. De lo contrario, la pasividad frente al abuso de menores nos convierte en cómplices de la más abominable de las degeneraciones. Sin lugar a duda, la grandeza de un pueblo es juzgada por la forma en la que trata a los miembros más vulnerables que lo componen y, sin embargo, ésta no es tarea sencilla. En concreto, la protección de la infancia comporta un compromiso genuino, activo y, sobre todo, valiente, puesto que implica sumergirse en las cloacas de las instituciones sociales para cuestionar y denunciar estructuras, prácticas, redes de poder y corrupción; mucha corrupción. Se trata, a la postre, de hacerse eco del desgarrador grito de auxilio de millones de niños y niñas que tienen derecho a conservar su inocencia y crecer sin miedo; un derecho cuya efectiva protección es condición de una sociedad significada y yo, personalmente, no concibo otra posibilidad que la de vivir con significado.

En Open Motivation, trabajamos con un enfoque transversal de derechos humanos, poniendo especial atención en la infancia como eje fundamental de nuestras acciones. Creemos firmemente que proteger sus derechos no solo es una responsabilidad ética, sino también una inversión en un futuro más justo y humano. A través de iniciativas educativas, sociales y de sensibilización, buscamos garantizar que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer en un entorno seguro, libre de violencia y lleno de oportunidades para desarrollarse plenamente. Porque asegurar su bienestar hoy es construir la base de una sociedad con significado, dignidad y esperanza para mañana.